Hay voces que están pidiendo, a la menor oportunidad, la reforma constitucional. Desde aquí decimos que hay algo mucho más importante que la deseada reforma de nuestra carta magna: es necesaria, y de forma urgente, la reforma de la Ley Electoral. Son varios los motivos que validan esta afirmación. El primero y más importante es que es preciso incluir en la Ley Electoral el concepto de Contrato Electoral. Es indispensable la inclusión para exigir responsabilidad, legalmente, por los incumplimientos y por los cambios de rumbo. Es necesario que de una vez la clase política asuma responsabilidades y que estas responsabilidades puedan ser exigidas por los ciudadanos ante los tribunales. Las formas y las consecuencias de esta nueva figura legal, es cuestión de plasmarlas.
Pero además ya está bien que el sistema electoral beneficie a las mayorías de forma muy descarada, desvirtuando lo expresado en las urnas por los ciudadanos. Así hay formaciones políticas, además de las dos mayoritarias, a las que les cuesta muchos menos votos un diputado que a otras. El caso de los partidos nacionalistas chorrea injusticia por todos los costados. Aún cuando sea legal, no deja de ser injusto que formaciones con más del doble de votos ciudadanos que las nacionalistas, consigan la mitad de representantes. Todos sabemos muy claramente a qué nos referimos. Esta es la segunda gran reforma que es urgente abordar.
Una vez hechas estas reformas en profundidad, podremos discutir si es precisa o no la reforma constitucional, en qué apartados, donde habría que poner los límites, etc. Lo demás es echar una cortina de humo de una forma u otra (nacionalismos separatistas, reformas laborales, salidas de la crisis, etc.). Lo primero y más urgente es que los representantes de los ciudadanos sean de verdad sus representantes y no que exista, como ahora, un distante foso.
De esa forma, identificando votos y representación, es cómo se puede controlar al Gobierno, cómo se puede exigir a quien tiene la misión de llevar este país adelante. Cómo, en definitiva, se puede conseguir una democracia más cercana y más real. Cómo se puede identificar la clase política con los votantes, cómo los ciudadanos pueden ver a sus representantes, elegidos por ellos, como portavoces de sus anhelos, de sus ideas y de sus deseos. El distanciamiento entre políticos y ciudadanos hay que eliminarlo. Puede que en estos matices nos vaya el futuro.
Algo que salta a la vista, en estos momentos de nuestro país, son los dos conceptos tan distintos, podríamos decir que enfrentados, de los derechos ciudadanos. Cada vez nos están recortando, de facto, más los derechos de reunión, de expresión y de opinión. No es casual que la represión policial esté aumentando por días, en muchísimos casos de forma brutal, inadmisible e injustificada. Tenemos en nuestras retinas los casos de niños apaleados, de mujeres con ojos vaciados por pelotas de goma, de ancianos caídos en el suelo y golpeados brutalmente por la policía, etc. Y nadie exige responsabilidades; alguien debería presentar la dimisión por estos gravísimos hechos, y si no se presentan dimisiones, se deberían notificar ceses.
El Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Excmo. Sr. D. Ignacio González, en un alarde de sentido democrático, ha pedido al Gobierno del Sr. Rajoy regular por ley el derecho a la huelga ya que el “uso abusivo que de ella están haciendo los sanitarios de Madrid, está poniendo en peligro el Sistema Sanitario de la Comunidad” (sic). A esta petición del Sr. González tan sólo dos comentarios. El primero que el uso de un derecho nunca es abusivo, el derecho se ejerce libremente y son los tribunales, en todo caso, los que deben decir si está mal ejercido. Un político no es absolutamente nadie para opinar sobre el ejercicio de un derecho constitucional.
Lo que le ocurre al Presidente de la C.A. de Madrid, es que los huelguistas están expresando una opinión contraria a la suya, que es sencillamente privatizar la sanidad. ¿Tendrá ya redactado el contrato a esa persona que todos tenemos en mente, esposísimo de otra señora que sale cada dos por tres en TVE (sobre todo en el nuevo NO-DO)?. El segundo comentario, al filo de este tema, lo haremos con dos preguntas: ¿pedirá también el Sr. González a su colega de partido y Presidente del Gobierno que limite el uso abusivo del decreto-ley?. ¿Pedirá igualmente que se regule por ley el uso de indemnizaciones y pensiones vitalicias por personajes que se han dedicado a hundir la banca y a promover (presuntas) estafas como las opciones preferentes para evitar eluso abusivo de esos “derechos”?
Hay un hecho que no por “legal” deja de ser peligroso: lo que desde aquí podríamos llamar los cambios silenciosos. Son los cambios que poco a poco, vía decreto, se realizan en cosas pequeñas, sin importancia aparente, pero que conllevan, a la larga, enormes perjuicios y pérdidas de derechos para la ciudadanía. Son esos recortes en educación, en sanidad, en atención a dependientes, etc. Son los cambios que se provocan para poder privatizar derechos adquiridos, en muchos casos, hace más de 50 años. El tema del copago es sencillamente hacer más pobres a los más necesitados. Eliminar determinadas medicinas de su expedición por el sistema sanitario significa gravar economías muy débiles, como las de nuestros pensionistas por ejemplo. Obligar a pagar la ambulancia a una persona necesitada de diálisis es algo no solamente inhumano, sino desvergonzado.
Por cierto que mientras en España se invierte escasamente el 10% del PIB en Sanidad, en EE.UU. la inversión sanitaria supone el 17%. Y encima viene la administración del Sr. Obama a copiar nuestra sanidad porque es mucho más eficaz, más barata y da más prestaciones. ¿Entiende alguien el empecinamiento de los recortes sanitarios?. Sinceramente, Marianico el Tonto, el humorista, lo haría mucho mejor.
El tema de las tasas judiciales, aparte de las connotaciones económicas que implican, significa indefensión de muchos trabajadores, de muchos ciudadanos ante resoluciones injustas de las administraciones, ante incumplimientos de contratos por parte de entidades bancarias, etc. La indefensión que ocasionan estos recortes es tal que llevará al desahucio político y civil a muchos ciudadanos.
El catálogo es bastante largo. Pero hay un caso que al parecer la prensa, como casi siempre, pasa por alto y que es de una importancia vital. La modificación que pretende hacer el gobierno en el nombramiento de determinados tribunales. Sencillamente eso llevaría a que un solo partido, gracias a la mayoría absoluta conseguida de forma fraudulenta (se presentó un programa electoral y se hace lo contrario), pueda controlar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, ahora también, el Poder Judicial. Las diferencias entre esto y una dictadura radican, básicamente, en que los ciudadanos votaremos, a lo mejor obligados, cada cuatro años para que el oligarca de turno haga lo que le dé la gana. Ni se aproxima siguiera a los dictadores romanos y griegos que nos enseña la historia. Parece que Montesquieu está defenestrado definitivamente. Esto es ni más ni menos que acabar con la separación de poderes, garante de derechos y libertades de los ciudadanos.
Y una noticia con la que nos va a felicitar el Sr. Rajoy el nuevo año 2013: la creación de un impuesto sobre los premios de las loterías. A partir del 1 de enero habrá que pagar el 20% de los premios conseguidos, a partir de 2.500 €. Hasta ahora se tributaba vía IRPF a partir del año siguiente al cobro del premio, y de los beneficios originados, no del total como ahora. En cifras redondas y a modo de ejemplo: 10.000 euros tributaban al año siguiente, en caso de ser depositados en un banco, en torno al 18% de los intereses generados, es decir, sobre una base de 300 euros para nuestro ejemplo supondrían 54 euros, en tanto que ahora pagará, antes de ser cobrado el premio, 2.000 euros. ¿Se ve la diferencia?. Esto se aproxima a un aumento de la presión fiscal por este concepto en torno al 120 % si los cálculos no nos fallan. Así nos felicita el Sr. Rajoy el año 2013. Aunque de todas formas para lo que nos toca la lotería…
A ver si alguien puede aclarar la diferencia entre esto y la rapiña.
