Como diría nuestro amigo Manolo, “a mi me la repampimfla que sea A ó B”. Lo que si nos preocupa es que se pague en negro a personas públicas y que se financien los partidos con dinero de los ciudadanos. Y si es así, por lo menos que se aclaren las cosas. Pero vayamos por parte.
De entrada y siguiendo con la costumbre, mientras no se demuestre lo contrario, aquí todo el mundo es inocente. Es decir, mientras no haya una sentencia que diga expresamente que ha habido sobres con dinero negro y que desde el Sr. Presidente hasta el ordenanza lo han trincado, hay que decir que no hay ningún culpable. Cuando por sentencia judicial firme se diga, si se dice, que se ha producido un delito, los culpables serán los que digan los tribunales.
Pero, evidentemente, haciendo esta salvedad por imperativo legal, todos tenemos derecho a expresar libremente nuestra opinión, por mucho que le pese a Don Mariano y a sus colegas. Y así vamos a hacerlo. Por supuesto que respetando la presunción de inocencia. Lo que ocurre es que las evidencias nos invitan a opinar.
Lo importante no es que el dinero negro se haya cobrado, si se ha cobrado, en sobres y por personas que desempeñan un cargo público, con lo cual, si se ha producido el hecho se ha producido además un fraude fiscal. Si se cobra en negro no se paga IRPF ni los impuestos que procedan, con lo cual se estaría cometiendo un fraude contra la hacienda pública, y si, como decía el popular slogan de antaño: Hacienda somos todos, todos sufrimos el fraude; se estaría metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Se recauda menos, con lo que hay menos recursos para gastar en todas las cosas que se hacen en beneficio de la ciudadanía, hay menos recursos para la sanidad, para las pensiones, para la educación, para carreteras, para seguridad, etc. Es decir, que se minorarían nuestros derechos. Y eso, la verdad es que está mal, pero que muy mal. Que por parte de los que deben vigilar por la cosa pública se haga eso, si se ha hecho insistimos, es una auténtica guarrada.
Hay una segunda parte, insistimos que en el supuesto de que sea real todo el tema de los sobres, que si no es cierto, no decimos nada. La segunda parte está relacionada con los ingresos, supuestos, del PP.
En los papeles del Sr. Bárcenas, de los que habrá que demostrar su veracidad si lo consideran oportuno los tribunales, aparecen una serie de ingresos de personas físicas y de empresas. Evidentemente, dado el sistema económico que tenemos en nuestro país, cada cual con su dinero puede hacer lo que le venga en gana, siempre claro que no se vulnere la legalidad. Y es ahí precisamente donde queremos llegar: a la posible financiación ilegal de un partido político. Y las consecuencias de estas “donaciones”.
Las donaciones a los partidos políticos están reguladas por la ley. Si se incumple la ley, se está cometiendo un delito. Y el delito hay que castigarlo. Los ciudadanos tenemos derecho, y los tribunales la obligación, de que la ley esté por encima de todo y de todos, sea cual sea la condición del posible delincuente.
Lo contrario, es decir la permisividad de este tipo de conductas, nos reiteramos, si es que se han producido, nos llevaría a consecuencias nefastas como el tráfico de influencias, la prevaricación, la fuga de capitales, etc. Es que hay que tener claro que nadie, en nuestra sociedad, entrega nada gratuitamente; cuando se “regala” algo es porque se espera algún beneficio. Y además algo que es directamente perjudicial para el ciudadano de a pié: el sobrecosto que puede suponer toda aportación empresarial de este tipo.
Las empresas nunca, nunca, minorizan sus beneficios. Si un empresario se ve en la necesidad de aumentar las comisiones, establece un incremento de los costos de producción. Es decir, si hay que aportar al partido X, 60.000 euros, por poner un ejemplo, pues como se ha producido un aumento de los costos, se repercuten dichos costos en los productos y ¡ listos !.
El problema es cuando se hace esto, por ejemplo, por una cadena de supermercados. Si por esa supuesta cadena, se hace una donación de 60.000 euros, dividiría los euros entregados por las ventas que espera realizar, con lo que aumentaría el precio a cada producto. Así nos saldría, y estamos ante un supuesto ficticio que en nada tiene que ver con la realidad, al menos hasta que lo digan los tribunales si es que lo dicen, que el comprador tendría que pagar 1 céntimo más por cada litro de leche, tres céntimos por el kilo de garbanzos y dos céntimos por cada kilo de pescado que compre. ¿Se ve quién es el que hace la donación?.
Pues eso. Para evitar todas estas sospechas, hay una cosa muy clara que el Sr. Rajoy se comprometió en la campaña electoral: Elaborar y aprobar una ley de transparencia. Todavía seguimos esperando, aunque como ya se ha acostumbrado el PP a incumplir total y absolutamente su programa electoral, nos sospechamos que este punto seguirá la misma suerte.
Además hay algo que sospechamos que es el fondo de todo este escándalo de supuestos sobres negros y de financiación ilegal: es posible que haya una guerra por el poder. No sería nada extraño, y seguimos especulando, es decir haciendo política ficción, que se pretendiera, aprovechando el aire que sopla, el desalojo de los actuales inquilinos de la calle Génova, para que esos sillones sean ocupados por otras personas. Si se está desarrollando esta “guerra” no debemos ser los ciudadanos los que apechuguemos con el problema, el problema debe ser asumido por los contendientes, y no por los que tenemos derechos a ser gobernados por los que hemos establecido con nuestros votos. El tiempo será el que diga si estamos en lo cierto o nos equivocamos.
Nino Granadero
