Que
tanto el PP como el PSOE son cadáveres políticos a los que la ciudadanía, el
pueblo, pondrá término con la fuerza de las urnas, es algo que no pasa por alto
a cualquier analista político que se precie.
Pero
mientras la derecha ha entendido que el fin de la formación conservadora está
más o menos cercano y que por tanto, es necesario crear una alternativa que
ocupe el espacio político que les está reservado, la izquierda no acaba de
asumir el final como alternativa de gobierno, que no de cambio de la sociedad
ya que esa opción se dejó perder cuando se tuvo la mejor ocasión que se ha dado
en la historia de nuestro país. Lo peor del caso es que la sucesora de la
derecha, la sucesora del PP, nace con los mismos defectos.
Mientras
la derecha trata de presentar en sociedad la alternativa al PP, el PSOE sigue
machaconamente empeñado en ser la fuerza política de futuro. Ni el actual líder
de los socialistas españoles, ni ninguno de los que aspiran a sucederle en
cuanto las urnas, en el próximo descalabro, le descabalguen, son conscientes de
que hay que ofrecer una alternativa real, seria y coherente a los millones de
ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad más justa, más igualitaria y más
solidaria. Los que desean una sociedad donde las diferencias al menos se
reduzcan, no se identifican con el PSOE. Es más, las nuevas generaciones no
consideran al PSOE como una opción de futuro que responda a sus aspiraciones
sociales.
En
tanto se aclara la visión de tanto cegato interesado, hay formaciones políticas
que deberían tomar la responsabilidad de asumir el cambio hacia una sociedad
distinta a la que tenemos. Ya que ni PP ni PSOE son capaces de liderar el
cambio social que, cada vez con más fuerza, demandan las nuevas generaciones de
ciudadanos a los que se les han limitado por los dos principales partidos de
nuestro país los derechos civiles, sociales y económicos, deben coger el
volante del vehículo político partidos que, todavía al menos, no están
contaminados por el vicio de los que han convertido la política en intereses de
grupos frente a los intereses de la ciudadanía.
Son
por tanto UPyD e IU, como formaciones minoritarias que aglutinan deseos e ideas
de cambios esperados por los españoles, los que deben asumir la responsabilidad
de reinventar el modelo político que debería regir en un país libre de ataduras
y herencias malolientes y vergonzantes.
Es
posible, además de deseable, que el próximo gobierno de nuestro país, tenga que
estar formado por más de un partido, es más puede que más de dos formaciones tengan
que aportar personas a un futuro gobierno más allá del 2015. Por eso, es ahora
cuando debe sellarse el compromiso. Un compromiso honesto en el que prevalezcan
única y exclusivamente los intereses de los ciudadanos y no de la clase
política.
Tanto
IU como UPyD, debería empezar a pensar en la conveniencia de sentarse para
elaborar un compromiso sobre unas bases mínimas que, aun en el caso de no ser
necesaria la aportación de cualquiera de ellos a un hipotético nuevo gobierno,
los compromisos que se adquieran obliguen a cumplir los términos acordados.
El
compromiso debería abarcar, al menos, tres áreas: Derechos sociales y
económicos, Derechos y libertades públicas y modelo de estado. Por supuesto que
acabar con la corrupción sería el paso previo a cualquier medida en las grandes
áreas, eso se da por sentado.
La
eliminación de la corrupción y la adopción de medidas encaminadas a que no se
puedan volver a ver conductas corruptas pasarían, entre otras, por la
eliminación de los suplicatorios para los aforados estableciendo la exigencia de declarar ante la
justicia sin el filtro, auténtico muro, ahora establecido. Igualmente la
carrera judicial debe ser profesionalizada totalmente sin injerencias de los
poderes legislativo ni ejecutivo. La aprobación de una Ley de
transparencia eficaz que regule las subvenciones a partidos políticos y con
responsabilidades penales, ayudaría a la tarea. También es necesario
clarificar, sin ambigüedades ni posibilidad de trochas que desvíen el sendero, la financiación
de los partidos y adaptarla a las nuevas situaciones. La Ley
de contratos con las administraciones públicas debe prohibir conceder contratos
durante 4 años a personas, entidades, empresas, corporaciones, etc. que hagan
donaciones a formaciones políticas.
Habría
que acometer una reforma a fondo de la Ley Electoral, cuando no la
defenestración de la actual. La nueva Ley Electoral debería regular el sueldo
de los representantes elegidos en todos los ámbitos de la vida pública sin que
en ningún caso fuera superior al establecido para el funcionario de más nivel
de la correspondiente administración. También se debería regular con las
máximas garantías como nueva figura jurídica, el Contrato Electoral con las
obligaciones y responsabilidades que acarrea un contrato.
Sería
necesario que la representación electoral fuera proporcional, que la
circunscripción electoral tuviera otro contenido más real y adecuado a la
población de cada provincia, sería preciso introducir listas abiertas en los
procesos electorales municipales al menos, etc. De vital importancia el
planteamiento de la eliminación del senado y la reducción al menos
en un 50% de las Asambleas Autonómicas. Al igual que el establecimiento de
medidas para los representantes elegidos como por ejemplo, vales de viajes en
clase turista, alojamiento en residencias oficiales, etc. Se debería establecer
un máximo 2 mandatos para cargos públicos: alcaldes, presidentes de gobiernos…
La eliminación de las diputaciones.
Habría que acometer la suspensión del sistema
de EREs a las empresas. Es imprescindible emprender una contrarreforma laboral
que devuelva la normalidad a las relaciones laborales dando el papel que
corresponde a los distintos agentes sociales sin que ningún otro estamento deba
inmiscuirse en terrenos que son propios a ellos.
La defensa real y efectiva del sistema público
de pensiones, de seguridad social y de educación deben estar entre las
prioridades del acuerdo, al igual que el
establecimiento de precios públicos para luz, agua, transporte y productos
básicos de alimentación. La modificación de la ley Hipotecaria que elimine los
abusos de la banca y la política de usura. Y por supuesto la no intromisión de
la UE, imponiendo reformas a España, en asuntos internos de nuestro país como
ha tomado por hábito algún que otro dirigente europeo.
Se debe exigir la devolución de los préstamos
bancarios recibidos por la banca, o bien que el parque de viviendas propiedad
de la banca pase a ser propiedad pública, saldando así la deuda de los bancos
con los ciudadanos, para ofertarlo como viviendas sociales en alquiler. Es
urgente regular las inversiones extranjeras a fin de no dejar en manos foráneas
la riqueza de nuestro país.
Se podrían enumerar muchas más líneas de
actuación a recoger en ese acuerdo, pero al menos, como decimos, que los en
tres grandes ámbitos (social, económico y administrativo) se acometan reformas
profundas y sin vuelta atrás posible para garantizar los derechos de la inmensa
mayoría.
Nino
Granadero
