CORRUPTOS,
INDESEABLES Y OTRAS ESPECIES MALIGNAS
Ni siquiera las máscaras pueden evitar el olor a podrido
que se está expandiendo por todo nuestro país. Un día sí y otro también nos
desayunamos con citas judiciales, condenas, entradas en la cárcel, sospechas de
fraude y otras lindezas por el estilo. Y siempre, o al menos en muchos casos,
hay personajes públicos detrás. Parece que se nos ha olvidado que las personas públicas
tienen que ser ejemplares en el manejo del dinero de los ciudadanos, ajustar su
comportamiento a la ley y actuar con el máximo escrúpulo. Como dice el aforismo
“La mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo”
¿Qué pasó con la tan cacareada Ley de Transparencia? Si, ésa que prometió el actual Presidente que
haría “nada más llegar al Gobierno”. Han pasado más de dos años, y al parecer
todavía se sigue trabajando (es un decir), en el esquema del borrador del
anteproyecto. O sea, nada. Nos tememos que será otra ocasión perdida, cuando no
un parche, en el que el chalaneo y el tocomocho político serán la base sobre la
que se asiente el texto futuro, si es que llega a ver la luz.
Es imprescindible una ley, llámese como se llame, que
obligue a cualquier persona pública, a los ciudadanos privados ya se les obliga
bajo la amenaza de la ley, para que cuando haya una sombra de sospecha, acuda
inmediatamente a rendir cuentas ante los tribunales sin necesidad de citación
judicial. Es una forma de acelerar y de dejar clara la honradez de los
personajes públicos. Cualquier persona pública sobre la que recaiga el mínimo
recelo, debe acudir voluntariamente
y sin que el juez lo cite, a prestar declaración ante la justicia.
No estaría mal que la deseada ley habilitara la posibilidad
de que, cuando una persona sea requerida por la justicia para que rinda cuentas
de un comportamiento supuestamente ilícito, le sean retirados de forma
provisional los privilegios, el aforamiento o como quiera llamarse, para que comparezca, en las mismas condiciones
que cualquier ciudadano, ante la justicia y además con toda la celeridad, sin
por ello perder, en tanto no se demuestre su culpabilidad, el cargo público o
la condición política que tenga.
Son muchos los casos de corrupción o de supuestas
irregularidades en los que se manejan nombres de personajes ligados a lo
público o desempeñando un cargo político. Los que estén aforados (diputados,
senadores, ministros, presidentes de gobierno, etc.) darían un buen ejemplo renunciando a privilegios que no tienen
los ciudadanos comunes.
Para que el buen nombre de la clase política no esté en
entredicho, todos los que forman parte de la vida pública deben poner el máximo
empeño en aclarar cada caso de corruptela. Si no lo hace la mayoría
parlamentaria, la oposición debería
utilizar los mecanismos adecuados, que existen actualmente, para interponer
denuncia ante los tribunales ya que es la única forma de que sean obligados a
declarar los corruptos. Si alguien no tiene nada que ocultar, nada tiene que
temer y por tanto, cuanto antes se aclaren los temas, antes quedara todo limpio
y reluciente.
La política
española necesita regenerarse y soltar el lastre que suponen estos sujetos
indeseables, una minoría, que se sirven de la política para llenar sus
bolsillos en lugar de servir a la política, es decir a los ciudadanos.
Mucha culpa, por no cumplir objetivamente con su
cometido, la tienen los medios de comunicación. Constantemente están en la
palestra, porque lo merecen, los Sindicatos acusados de corrupción, de
utilización irregular de fondos públicos, de banquetes pagados con dineros
destinados a cursos, etc. Olvidan, y la reiteración en los olvidos hace pensar
mal, que los empresarios también reciben dineros públicos. Es más pasan como
sobre puntillas cuando han informado que uno, el anterior presidente de la CEOE , está en la cárcel y que el Presidente de la CEA (CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ANDALUCIA) ha sido obligado a dimitir. Los periodistas, tan
aficionados a levantar alfombras, deberían investigar estos casos y aclarar
todo por el interés público del que son tan defensores.
Llegará un
momento en que los ciudadanos nos hartemos y reaccionemos. Luego no habrá lugar para
lamentaciones de la clase política y no serán los ciudadanos los que carguen
con culpas de una clase que no está dispuesta a renunciar al derecho de
pernada, dicho sea en términos figurados.
Las personas honradas tienen la obligación y el deber de
desenmascarar a los corruptos. Y el grueso de los hombres y mujeres que se
dedican a la política son decentes y
honestos. Al menos en tanto no se demuestre lo contrario. Desde aquí somos los
primeros en respetar, porque así lo creemos, que la mayoría, la inmensa mayoría
de los políticos, son personas íntegras que merecen todo nuestro respeto.
Nino
Granadero
