Acabo de llegar de realizar una gestión en la calle y me
encuentro, llegando casi a mi trabajo, con una manifestación de afectados por
las hipotecas. Unos 30 manifestantes, pancartas, gritos, reparto de panfletos,
etc. todo ésto delante de un banco; da igual la entidad financiera.
Hasta ahí todo normal, de no ser por un pequeño detalle:
la presencia policial observando, y a la expectativa, para que los
manifestantes no molesten “demasiado” al banco. Cuatro lecheras a ocho agentes
por vehículo: 32 agentes. O séase, más policías que manifestantes.
Que yo sepa, nuestras leyes y nuestra Constitución
encomiendan a las fuerzas del orden público el mantenimiento del orden y la
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Y estamos hartos de ver cómo la
policía, por orden gubernativa o judicial, disuelve concentraciones ciudadanas
de protestas contra los abusos bancarios, desaloja a los concentrados contra
los desahucios ordenados por orden judicial en defensa de los intereses de
entidades financieras, etc.
Hasta ahora no hemos visto, ni una sóla vez, llevarse
detenidos a banqueros por aplicar cláusulas abusivas en los préstamos
hipotecarios, ni por engañar a jubilados con las preferentes, ni disolver
Consejos Generales de los grandes bancos donde anuncian, a pesar de la crisis,
que han ganado en un trimestre 3.000 millones de euros.
Esas ganancias se producen en plena “crisis” y después
de haber recibido una inyección de dinero público (es decir nuestro), que no
van a devolver, de varios miles de millones. Millones que se pagarán con
nuestros impuestos y quitando servicios a los ciudadanos.
¿A qué se debe que el poder establecido (evito a
conciencia poner sigla alguna) esté defendiendo a personajes cuya actuación
roza la ilegalidad, que están casi pisando el umbral de la usura, que casi
tocan con la punta de sus dedos el fraude?.
Una de dos: o se han invertido los papeles o se tienen
intereses ocultos para desarrollar estas conductas. En cualquier caso, ambas
cosas: si no son ilegales, al menos son inmorales.
